Fiscal General presentó informe de labores a la población. Mientras en el 2015 ingresaron 146 expedientes por presuntos actos de corrupción de gran impacto para el país, para el 2019 el ingreso fue de 740. Los datos se desprenden del informe sobre la labor que realizó el Ministerio Público el año pasado, y son parte de las estadísticas de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. En las fiscalías territoriales del país también se tramitaron asuntos vinculados con delitos de corrupción, pero de menor impacto. Por el daño económico y social que causa la corrupción y que afecta a toda la población, en el 2019, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, dictó una política de persecución penal enfocada en la tramitación prioritaria de actos de corrupción en 10 áreas específicas: salud, medio ambiente, educación pública, régimen municipal, telecomunicaciones, infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos, corrupción transnacional y actos cometidos por funcionarias y funcionarios judiciales.

«La política lo que viene a hacer es priorizar el abordaje de casos cuyos efectos son de alto impacto para el desarrollo del país, porque, aunque se tiende a creer que el único perjudicado con los efectos de la corrupción es el gobierno, lo cierto es que cada persona del país se afecta de manera directa con los recursos que son desviados o sustraídos durante los actos delictivos, lo que implica menor inversión en sectores como educación, infraestructura y salud, por citar algunos», explicó la Fiscal General. De acuerdo con el informe de labores, presentado hoy a la ciudadanía mediante una transmisión de Facebook Live, en el 2019, la FAPTA logró presentar 100 acusaciones con solicitud de apertura a juicio por delitos de corrupción, ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, logrando un aumento significativo respecto a los últimos años (2015: 13; 2016:16; 2017: 34; 2018: 65). «Si se toma como referencia el 2015, el año pasado se aumentó en cinco veces la cantidad de denuncias recibidas en la Fiscalía Anticorrupción, por presuntos actos de corrupción en el sector público, siendo la mayoría de estos de carácter muy complejo y de un impacto muy alto para el desarrollo del país. No es posible establecer si antes o en la actualidad se comete mayor número de delitos, pero lo que sí creemos es que el trabajo serio, comprometido y objetivo que ha realizado la institución ha incrementado la confianza de la población para denunciar, ya sea de manera pública o por medio de mecanismos que protejan a la persona denunciante, como la denuncia confidencial», explicó la jerarca.

En el despacho de la Fiscalía General, en el 2019 ingresaron 93 expedientes. El mayor volumen de estos correspondió a delitos de prevaricato (19,6%, resoluciones en contra de la Ley); incumplimiento de deberes (15,7%); tráfico de influencias (8,6%); y enriquecimiento ilícito (7%). Del total de casos resueltos para ese mismo período, en seis se formuló acusación y se pidió el auto de apertura a juicio; en cuatro se solicitó sobreseimiento a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; y en 56 expedientes se requirió al órgano jurisdiccional la desestimación de las causas penales, principalmente porque los hechos denunciados no se ajustaron a algún delito establecido en la Ley. En el mismo despacho se tramitaron 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes, que gozan de inmunidad y que la Ley faculta únicamente a la Fiscala General de la República a hacer la investigación. El año pasado se registró un aumento del 12% en el ingreso y la tramitación de casos en todas las fiscalías del país, respecto al 2018. Mientras el año tras anterior reportó un total de 270,613 expedientes, el pasado hubo 302,135.

«Al finalizar el 2019, se logró concluir el 75% de causas penales, lo que significa que siete de cada 10 casos tuvieron algún tipo de resolución, con base en la prueba que se llevó al proceso, junto con el Organismo de Investigación Judicial o la policía correspondiente», acotó la Fiscal Navas. En ese período, el 11% (24,562) se resolvió con acusaciones y solicitudes de apertura de juicio; el 34% (77,152) con peticiones de desestimación; el 6% (13,877) con solicitudes de sobreseimiento definitivo y el 23% (59,528) con archivos fiscales. El 26% restante obedeció a resoluciones con medidas alternas al proceso (conciliaciones, suspensión del proceso a prueba, etc), pago de multas o criterios de oportunidad. En cuanto a juicios, el 64% de estos resultó con una sentencia condenatoria, luego de que el Juzgado o Tribunal determinara que la prueba de la Fiscalía fue suficiente para acreditar que la culpabilidad de las personas acusadas. El porcentaje incluye los procedimientos abreviados, que se dan cuando la persona imputada acepta los cargos atribuidos por el Ministerio Público y recibe una condena sin necesidad de someterse a un debate oral y público. Las sentencias absolutorias, es decir, en las que no se establece la culpabilidad de una persona, representaron el 32%, y un 4% correspondió a juicios en los que se condenó a algunos imputados, pero se absolvió a otros.

De acuerdo con el estudio realizado para el informe de labores, se permitió identificar algunas de las principales razones que motivaron las sentencias condenatorias, entre estas, la tardanza en los señalamientos por parte de los Tribunales de Justicia, la ausencia de testigos en audiencias o la pérdida de interés para continuar en el proceso y el olvido de detalles o cambio de versión en las declaraciones, debido a la duración de los señalamientos de los juicios. Durante la rendición del informe de labores del 2019, la Fiscala General atendió y respondió las consultas que ingresaron por parte de la ciudadanía. Además de la materia de corrupción, la Fiscalía General priorizó su política de persecución penal en modalidades delictivas como narcotráfico y delitos conexos (sicariato, robo de vehículos); legitimación de capitales y capitales emergentes; ciberdelincuencia; violencia sexual y de género. Se logró ejecutar el 97% del presupuesto asignado, reduciendo la inversión en giras al interior y exterior del país. El tiempo promedio que tardó la investigación de casos que terminaron con una acusación, en las fiscalías territoriales, fue de un año y 31 días, mientras que en las fiscalías especializadas fue de un año y seis meses. En estas últimas se tramitan causas con mayor nivel de complejidad. La Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Delito logró recaudar ₡1.134.567.928,39; monto recuperado por daños y perjuicios a favor de las personas que sufrieron algún delito. En el 2019, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes logró que todas las causas fueran declaradas capitales emergentes, consiguiendo el comiso de bienes a favor del estado. El trabajo articulado entre el MP y la Caja Costarricense del Seguro Social, permitió recuperar ₡3.872.612,824 a favor de la seguridad social del país, mediante procesos penales. La Unidad de Inspección Fiscal tramitó 862 procesos disciplinarios, los cuales resultaron en 60 suspensiones sin goce de salario, 26 amonestaciones por escrito, 10 advertencias y 632 asuntos fueron declaradas sin lugar.

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